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Es la droga, estúpidos

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Un documento elaborado por un prestigioso grupo de profesionales de la salud mental alerta sobre el escaso rigor científico del discurso mediático a propósito de la detención del cantante y las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas.

En los últimos días el músico Cristian “Pity” Álvarez, ex cantante de Viejas Locas e Intoxicados, estuvo involucrado en un hecho policial en el cual confesó frente a los medios de comunicación haber matado a Cristian Díaz, un vecino del barrio de Samoré en Villa Lugano.

El objetivo de esta nota no es debatir sobre derecho penal ni sobre su situación judicial. Nos interesa analizar cómo trataron los medios esta fatalidad para profundizar un discurso repetido e instalado: la droga mata (y dicho tal como un absoluto). Incluso un reconocido psiquiatra dijo en América24 que “Todo consumidor de paco es un potencial asesino”. Señalar al consumo de sustancias psicoactivas como la principal causa de hechos delictivos puede resultar tranquilizador para muchos, de enorme conveniencia política para otros y falto de soporte científico.

La correlación entre hechos delictivos violentos, incluidos asesinatos, y consumo de sustancias con propiedades psicoactivas es baja. O sea, la gran mayoría de asesinatos cometidos en nuestro país no son cometidos por personas que están bajo la influencia de alguna sustancia, sea esta de consumo legal o ilegal. Así como la totalidad de hechos delictivos graves, son cometidos en un 100 por ciento por personas que en las 24 horas anteriores al crimen consumieron agua, no pone al agua necesaria ni lógicamente en el centro causal que permita explicar la conducta delictiva o criminal de sus responsables. En los casos en que, sí, el delincuente estuvo probadamente consumiendo alguna sustancia que puedo haber influido sobre su conducta delictiva, esta sustancia ha sido en la enorme mayoría de casos el alcohol etílico, producto del consumo de bebidas permitidas.

La enorme mayoría de consumidores de sustancias, sean estas de consumo legal o ilegal, no cometen crímenes violentos ni estuvieron vinculados a hecho delictivos de ninguna naturaleza. Las motivaciones delictivas suelen ser distintas al consumo problemático de sustancias. Conforme un estudio que viene realizando el Instituto de Investigaciones del Consejo de la Magistratura de la Nación, los móviles de los homicidios en su gran mayoría se producen en circunstancias de discusión y/o venganza personal o grupal, lo que representa el 39 por ciento de la totalidad de los casos, y un 11 por ciento lo representan los homicidios por conflictos interfamiliares. Ello se concentra principalmente en las comunas menos favorecidas de la CABA, donde “los pobres no salen a matar a ricos o a gente de clase media, sino que se matan entre ellos” conforme el decir de Raúl Zaffaroni en 2013.

Los casos que “involucran drogas” están principalmente relacionados a la prohibición de las mismas y la disputa territorial por su comercio ilegal entre bandas y fuerzas policiales, no a su consumo. En algunos “barrios de emergencia” tal móvil significa el 25 por ciento de los homicidios conforme el estudio señalado. Ante ello tal vez sea hora de reconocer el gran fracaso de la prohibición y evaluar coherentemente nuevos abordajes regulatorios de sustancias que están estableciendo países centrales y hermanos, para sacarlas de manos del crimen organizado y tal disputa violenta.

Con todo esto no estamos diciendo en absoluto que el consumo de sustancias sea inocuo. Por el contrario, el consumo de cada sustancia tiene riesgos en algunos casos potencialmente muy elevados. El Comité Científico Independiente sobre Drogas liderado por el prestigioso psiquiatra inglés David Nutt publicó en una de las principales revistas médicas, The Lancet, en 2010, un estudio que puso como objetivo encontrar el grado de riesgo a terceros y al propio consumidor de las sustancias de consumo legal o ilegal más utilizadas en el Reino Unido. Este estudio descubrió que la droga que más daño causa a propios y a terceros (en accidentes y comisión de delitos) es el alcohol. Luego la heroína y en tercer lugar el crack, equiparable (salvando las distancias) a nuestra pasta base. Los datos recientes del estudio que realizó la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) en el año 2015 revelaron que el 10 por ciento de la población padece problemáticas de abuso o dependencia de sustancias y el alcohol representa al 8,1 por ciento de esa cifra, seguido en importancia por el consumo de psicofármacos de venta en farmacias bajo receta. El alcohol, el problema de salud pública número uno, no sólo es legal sino que se oferta en todos los medios de comunicación en todo formato posible y a toda hora. Si bien algunas drogas pueden causar desinhibición y abolición del control de impulsos, la inmensa mayoría de las personas que usan drogas no matan ni delinquen. La publicación de la Sedronar “Consumo de drogas, prácticas delictivas y vulnerabilidad social” (2017) establece: “la relación entre drogas y delincuencia no es sencilla ni lineal. Tampoco es generalizable: muchos delincuentes reincidentes no consumen drogas y muchos drogadependientes no cometen delitos”.

El consumo de sustancias, incluidas las bebidas alcohólicas, es sólo un factor entre un grupo de variables que podrían explicar el comportamiento delictivo como factores fisiológicos, psicológicos y conductuales, familiares, culturales, sociales, económicos y situacionales. El estigma (que se construye todos los días) y la discriminación constituyen un obstáculo para el abordaje de esta problemática de salud con seriedad y eficacia. En América Latina, sólo una de cada once personas con problemas de consumo de drogas tiene acceso a un tratamiento (informe JIFE, ONU 2017).

Por otro lado, las personas que ven su vida complicada por el uso problemático de sustancias y desarrollan una adicción, no encuentran sistemas de tratamiento dinámicos, de rápida respuesta y amigables en términos asistenciales. Por el contrario, el derrotero de las personas con una adicción por los servicios de salud mental suele ser un viaje doloroso de incomprensión, estigma y rechazo. Hoy en día, la presencia de una adicción sigue siendo criterio de exclusión para el ingreso en muchos establecimientos de salud, públicos y privados.

El mismo paciente con consumo problemático de drogas que es expulsado del sistema de salud pública es también perseguido por el Código Penal (Ley de estupefacientes 23.737) y por si hiciese falta una cruz mayor además carga con el estigma social de ser un delincuente, un potencial asesino. Esta realidad ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en su antecedente “Arriola” del año 2009. Allí el máximo tribunal, en el contexto de declarar la inconstitucionalidad de la penalización de las personas que consumen drogas prohibidas, ha dicho que “quien es señalado como “delincuente” –e ignorado en su problemática– no acude al sistema de salud o bien tienden a dilatarse en grado extremo los tiempos de latencia entre el inicio del consumo y la solicitud de atención. A su vez, el sistema sanitario –escudado en la ajenidad del problema– parece replegarse en servicios de salud poco flexibles para atender el espectro de cuestiones vinculadas con el uso y consumo de drogas”. La droga mata dicen los medios y muchos “especialistas”. Por el contrario, algunos creemos que mata la desidia, los prejuicios de raíz moral y la ausencia de una política de drogas inclusiva, hospitalaria y no represiva. Mata la impericia sistematizada, en donde a ocho años de la sanción de la Ley de Salud Mental, no se ha creado a nivel nacional prácticamente ninguno de los dispositivos de tratamiento que la ley propone. En oposición a opiniones expresadas por algunos especialistas en las últimas horas, ratificamos la necesidad de incluir a las adicciones en el dominio de los problemas de la salud mental (Art. 4 de la LSM). ¿Dónde más podrían estar? Imaginen el maltrato y trato vergonzoso que los pacientes con adicciones han sufrido por décadas, que una ley nacional tuvo que decir explícitamente algo tan obvio como ratificar que las adicciones forman parte de los “problemas de la salud mental”. Como si los cardiólogos dictaran una ley para incluir a las arritmias a su campo de estudio y trabajo.

Para finalizar queremos concluir que, equiparar en términos absolutos el uso de sustancias, incluidas las bebidas alcohólicas, con delitos, ha conllevado históricamente problemas graves en relación al estigma y exclusión social hacia los pacientes con consumo problemático. El papel de los medios de comunicación es clave para sensibilizar sobre el estado actual de situación, pero por ahora solo profundiza y empeora la confusión.

Federico Pavlovsky (psiquiatra, director de Dispositivo Pavlovsky), Marcelo Rubinstein (Investigador Superior del Conicet y profesor asociado de la UBA), Raquel Peyraube(especialista en Uso Problemático de Drogas, consultora), Mariano Fusero (director del Área de Política de Drogas de la Asociación de Pensamiento Penal), Silvia Cortese (Toximed y Asociación Toxicológica Argentina), Julián Onaindia (psiquiatra, pediatra), Rebeca Faur (psiquiatra), Gustavo Irazoqui (psicólogo), Rafael Groisman (psiquiatra, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina), Daniel Rolón (pediatra), Marta Eugenia Braschi (pediatra, toxicóloga Hospital Alemán), Luis Herbst (psiquiatra).

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